JUEZA DEL POLÉMICO INFORME: "NO HAY SUPERVISIÓN NI CONTROL" EN TRABAJO CON NIÑOS DE HOGARES

La Jueza Mónica Jeldres encabezó Comisión por todo el país. Foto: La Segunda
18/07/2013.

Fuente: La Segunda online

"Los niños violados no pueden esperar un año para ser reparados", afirmó Mónica Jeldres ante los diputados.

Por más de tres horas sesionó este miércoles la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, citada en forma especial tras la polémica por el informe Poder Judicial-Unicef que detectó graves problemas, como abusos sexuales y consumo de drogas, en hogares de menores de diez regiones.

Una de las invitadas fue la jueza Mónica Jeldres, quien encabezó la comisión que realizó el estudio luego refutado por sus superiores debido a supuestos problemas metodológicos. Además de reafirmar la validez del estudio, la hoy jueza del Segundo Juzgado de Familia de Santiago entregó nuevos antecedentes a los parlamentarios basándose -dijo- en lo que vio en las residencias durante los seis meses que duró el trabajo de campo.

Afirmó que los menores que deben ingresar a los hogares por medidas de protección (es decir, que han sido vulnerados gravemente en sus derechos) no están recibiendo una atención adecuada: "No se establecen plazos para trabajar con ellos, no existe supervisión ni control y hay muchas causas paralizadas. Tampoco hay criterios comunes entre los jueces para abordar estos temas".

Reflexionó: "Los niños violados no pueden esperar un año para ser reparados".

Agregó que durante las visitas realizadas a los centros del Sename la comisión estableció que las carpetas de los internos no tenían información relevante y muchos de los datos eran incorrectos. Asimismo, agregó, no existían unidades para atender a niños con problemas más complejos como el policonsumo de estupefacientes. Agregó que el personal en los centros es insuficiente y "la supervisión técnica del Sename, también".

Incluso, dijo Jeldres, "hay 7 mil niños en lista de espera y no existe una oferta adecuada para dar respuesta a niños vulnerados. Antes de terminar su exposición Jeldres aclaró que no hay un solo culpable en este tema, sino que son muchos, incluidas las autoridades de Salud y Justicia.

El peso de las "metas"

También intervino la abogada y consultora de Unicef Paulina Gómez, quien participó en la elaboración del informe. Detalló que con el estudio se buscó establecer "la calidad de la intervención judicial, la calidad de la intervención administrativa que realiza el Sename y qué vulneraciones sufrían los niños en el sistema residencial ". En todos estos puntos, dijo la profesional, los resultados fueron "deficientes" y aún no son revisados.

Aseveró que "ninguno de los compromisos que como Estado tenemos para ayudar a esas familias se está cumpliendo". Ello, dijo, porque no se trabaja con las familias de los menores afectados y tampoco se prepara a los niños que ingresan a los centros del Sename para la vida adulta.

Lo anterior, afirmó Gómez, ocurre porque las causas son cerradas y no se monitorean. A su juicio, estos cierres ocurren porque "si las causas siguieran abiertas afectarían las metas de gestión del Poder Judicial, que este año fueron fijadas en 85%. Las estadísticas tienen a todos los jueces de familia del país de cabeza cerrando causas a como dé lugar".

Y los ítems más afectados son protección de niños y violencia intrafamiliar, afirmó.

Gómez recalcó también que, a diferencia de lo que ha planteado el ministro de la Corte Suprema Héctor Carreño (encargado de los temas de familia en el Poder Judicial), "el informe no tiene problemas metodológicos y así lo ha dicho Unicef".

El aludido reiteró que los resultados del trabajo no se dieron a conocer por los problemas en cuanto a cifras, fuentes y cruces de información, y porque en una reunión realizada en marzo se acordó que el Sename realizaría las denuncias.

El director del Sename, Rolando Melo, en tanto, reconoció que recibieron la información en marzo y sostuvo que "esto es un remezón fuerte para todos, estamos al debe de manera importante y eso ha quedado de manifiesto aquí en la mesa".

Críticas DC

Tras la exposición de Carreño, el jefe de la bancada DC, Ricardo Rincón aseguró que el ministro "falta a la verdad" e insistió en "la gravedad de los hechos y en la escasa proactividad del Poder Judicial y del Sename para enfrentarlos".

Por otra parte, el diputado DC Roberto León informó que en la Región del Maule circula un instructivo en los hogares del Sename "para silenciarlos, para que nadie hable, para que nadie, además, inspeccione estos recintos; una política de puertas cerradas impresentable en una situación como ésta".

23 detectives de delitos sexuales investigarán los abusos

Un total de 23 detectives de la PDI, pertenecientes a las unidades especializadas en delitos sexuales de 10 regiones, trabajarán junto al fiscal regional de Magallanes, Juan Agustín Meléndez, en la investigación penal por los presuntos delitos cometidos contra menores de centros del Sename.

El persecutor sostendría durante este día una videoconferencia con los 23 detectives (provenientes de las regiones de Arica, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes, además de tres policías a nivel central de la RM y XII Región), quienes se trasladarán junto al Meléndez a las diversas regiones cuando sea necesario en el marco de las indagatorias.

En cada región además el fiscal contará con el apoyo de un fiscal adjunto.

El pasado sábado el fiscal Meléndez envió un oficio al presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, y al director del Sename, Rolando Melo, solicitando todos los antecedentes. Asimismo, ayer envió oficios a 21 tribunales de familia que aparecen mencionados en el informe.

Meléndez indicó que la primera misión será determinar si hubo delitos y brindar las medidas de protección de forma inmediata.

-Primero tenemos que establecer si hay niños que hayan sido víctimas de delitos, y lo segundo, no quiero centrarme en ninguna autoridad en particular ni hacer juicios de valor, pero puedo adelantar que ciertas autoridades estamos obligadas a realizar denuncias por ciertos hechos. La resolución del fiscal nacional, Sabas Chahuán, es clara. Los hechos denunciados serán investigados (...). No hemos descartado ningún hecho o conducta que pueda ameritar algún reproche penal, que, por lo pronto, no puedo adelantar nada, porque la investigación recién comenzó el viernes.

Asimismo, destacó que como diligencia básica de investigación deberá citar a declarar en calidad de testigo a diversas autoridades que tuvieron participación en el estudio y que tienen una posición privilegiada en estos aspectos.

 

 

 

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