Lunes, 06, Feb, 12:07 AM

Fuente: www.pichilemunews.cl – 19.01.2023
Tras ser electos e imponerse del despelote en el borde costero -cosa que venimos denunciando de años con algunos dirigentes que se atreven- y hechos “desprolijos” del municipio (un término usado corrientemente en las altas esferas), ha tenido que “abrirle los ojos al alcalde y concejales y hasta hacerles la pega a las autoridades, defendiendo patrimonio municipal y fiscal. Claro, quizás no de la forma que éstas esperaban; haciéndoles ver y demostrarles que estabán equivocados, desinformados, pese a que -previamente- el dirigente vecinal Juan Ávila Peña les había advertido de situaciones irregulares en torno a ese terreno y otros, aunque sin que les hubieran hecho caso. Eso fue el 4 de septiembre de 2020.

Fue así, que se llega a la Declaración Pública -firmada por el alcalde y los seis concejales” donde “a pie juntillas” juran y requete juran que un terreno contiguo al cabezal sur del Aeródromo Municipal, pertenecía a un privado; justificando de esa forma el Permiso de Construcción para que un privado empezara obras de construcción en una área verde, hasta ese minuto. Esta declaración pública fue difundida el 9 de septiembre de 2022 recién pasado, por diferentes medios de comunicación, radiales y diarios electrónicos, entre ellos www.pichilemunews.cl
Y, tras conocerse esta Declaración Pública -firmada por el alcalde y los concejales- publicamos las reacciones de la comunidad, representada esta vez por la Junta de Vecinos “Playa Hermosa; “pichilemunews” publicó: Pichilemu: Corte de Apelaciones acogió Recurso de Protección en contra del Alcalde y Municipalidad de la comuna costera y Pichilemu: Autoridades Municipales, Bienes Nacionales y Justicia –entre otros entes- tienen responsabilidad en hechos de usurpación de terrenos e inscripciones con documentación falsa (el 13 de octubre y el 17 de ese mes, respectivamente).

La “gota”
Ni más ni menos, esa fue “la gota que rebasó el vaso” y -en acciones casi paralelas- por una parte, la Junta de Vecinos “Playa Hermosa” interpuso ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, un Recurso de Protección ante esa medida, el que fue acogido, resolviendo con una Orden de no innovar, por una parte, y obligando al municipio a “paralizar las obras” (el 11 de octubre de 2022).
Y, el 30 de septiembre de 2022, una presentación ante la Contralor Regional de la Región de O'Higgins, para que se pronuncie sobre la legalidad de la actuación del municipio pichilemino en torno al terreno donado a ésta y que está inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Santa Cruz el año 1960, el mismo terreno -junto a otros- que es discutido por la Sociedad Eluney SpA; pese a que el dicho terreno es una área verde que es parte del Plano Regulador Comunal de Pichilemu, plenamente vigente a la fecha de esos hechos. Sin embargo, no profundizaremos sobre esta presentación por ahora. Ya entregaremos los detalles y antecedentes sobre ello en un próximo artículo.
Por su parte, la afectada -Sociedad Eluney SpA- recurrió de apelación ante la medida, pero no fue acogida la solicitud que pedía a la Corte, levantar la paralización de obras para seguir construyendo lo que -según el privado- es un terreno que le pertenece.
Cabe, agregar que, uno de los fundamentos de la Declaración Pública, era que ante la discusión de propiedad del terreno y solicitud de construcción de obras, el municipio ordenó a realizar un Estudio de Títulos a profesionales (¿?) donde -según concluyó- tras revisar en el Conservador de Bienes Raíces, hasta el año 2006, el terreno “no era municipal”.
Sin embargo, antes que emitieran la “Declaración Pública”, el municipio había sido informado formalmente -por escrito- que el dicho terreno había sido donado por el Loteador original de esos terrenos -José Bianchi Molinari- en el año 1960. El mismo que, en sus poblaciones “El Bosque” y María Luisa”, había donado un terreno para Campo de Aviación (Cancha de Aterrizaje y/o Aeródromo”) años antes, a cambio de que el municipio le permitiera contraer compromisos de venta de terrenos en sus loteos, previo a urbanizar -como indica la Ley al respecto- a fin de “hacer caja” y, poder ir cumpliendo con la urbanización: construcción de soleras, veredas, dotarlas de agua potable, de energía eléctrica, pavimentación de calles y avenidas, etcétera.
Y, claro, ante tamaña “desprolijidad” o “candidez” del alcalde y concejales, que no conocen la historia -menos sus brillantes asesores jurídicos y otros funcionarios- no tuvieron la humildad de escuchar a quienes les advertían.
En efecto, información fidedigna y urgente le envía la Junta de Vecinos “Infiernillo”, a través del secretario de esa unidad vecinal, don Juan Ávila Peña, el 4 de septiembre de 2020, dirigido a la asesora jurídica, abogada Susana Jara, mail con el siguiente asunto: Tema de Usurpación de terreno municipal.
En el mail, el dirigente Ávila aparte de insistir que es de extrema urgencia, le dice textual: “.... un problema que requiere de atención urgente por parte de la Municipalidad ...” y, en seguida, le refiere una serie de antecedentes entre los más importantes que el terreno -hoy discutido- fue donado al municipio por José Bianchi Molinari y que está inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Santa Cruz, el año 1960.

Ante ese mail -que iba con ocho archivos adjuntos- ¿qué hizo la profesional?, ¿informó a su superior, en este caso al alcalde Roberto Córdova Carreño?, ¿lo hizo o no lo hizo?
Cabe preguntarse, si una vez asumido la nueva autoridad comunal, el alcalde Cristian Pozo Parraguez ¿fue informado de esta problemática que se arrastra desde hace un tiempo prolongado?
Sabemos que hubo respuesta de la abogada Jara a la advertencia sobre el terreno. Sin embargo, tras llegarse a la conclusión y/o decisión de hacer un Estudio de Título sobre la propiedad, los resultados -pese a que el dirigente entregó la fecha de la Inscripción del Terreno a favor del municipio había sido realizada el año 1960; el “profesional” contratado por el municipio buscó hasta el año 2006 -como se informó en la Declaración Pública, firmada por alcalde y concejales- y que se concluyó que el dicho terreno “no era municipal”.
Claro, si buscaron hasta que se cansó el profesional y las lucas no alcanzaron para más ...

Conociendo la Junta de Vecinos de “Playa Hermosa” de que el terreno era municipal y tras la difusión de la declaración municipal al respecto, esta unidad vecinal decidió tomar acciones y presentó el recurso ya indicado.
Sin embargo, de esa fecha -Octubre 2022 a Enero 2023- han pasado cuatro meses donde -para defender el terreno ante Tribunales- el “verdadero dueño” ha avanzado como tortuga, pues un estudio topográfico -realizado por profesional responsable- debe ejecutarlo y emitir un informe que respalde la posición municipal, al margen de la inscripción que tiene sobre el terreno desde el 21 de octubre del año 1960, fs. 599 a 615v.

¿Y qué creen que pasó al respecto?
¡No se ha hecho nada concreto hasta ahora!. Claro, supuestamente, se han hecho las Bases de la Licitación (para contratar al profesional); pero aún esto no se sube al sistema ... Así nos lo informó el Presidente de la Junta de Vecinos “Playa Hermosa”, Juan Luis Barra Benavente, con quien nos entrevistamos el lunes 9 de enero recién pasado, para conocer de su propia voz sobre los “nuevos aires e ímpetu” que esa unidad vecinal está accionando tras tomar posesión del cargo el nuevo directorio que encabeza, desde el mes de septiembre del año recién pasado.
“Como sabía que usted me iba a consultar sobre ello, en horas de esta mañana fui a la Municipalidad y solicité información al respecto. Y el abogado Gabriel Díaz que está encargado de este tema me informó que subirán la información al sistema, para que postulen profesionales, luego adjudicar para que sea elaborado el levantamiento topográfico y emitan el informe, acompañado de los planos respectivos”.
Don Juan Luis Barra, conociendo cómo opera el sistema, todo puede pasar y esto puede demorarse, ¿le parece que vuelva a preguntarle qué paso el viernes 13 y luego publicar?
En ese acuerdo quedamos. Y seguimos en otros temas …

Reunión
Usted me comentó que, al margen de las asperezas con el municipio por el tema del Recurso y otras presentaciones, se reunieron con las autoridades municipales en dos ocasiones.
¿Cuándo ocurrió y qué le plantearon?
“Así es. Nos reunimos el 21 de diciembre con el equipo jurídico municipal, donde surgió el compromiso -por parte del municipio- de encargar un estudio topográfico e informe, para el tema del terreno municipal que en el actual Plano Regulador Comunal de Pichilemu, plenamente vigente, ese terreno aparece como área verde. Y, que contradictoriamente, hoy aparece un privado con títulos diciendo que le pertenece.
En la segunda reunión el 5 de enero recién pasado -en nuestra sede social- nos reunimos la directiva de la Junta Vecinal, directivas de Comité de Adelanto del sector con autoridades municipales, de Carabineros y Gobernación.
Ahí, dimos a conocer diferentes inquietudes y problemas que nos afectan en aspectos, como Desarrollo Territorial, Seguridad, Medio Ambiente y Desarrollo Comunitario.
Sin embargo, por ser más urgente el tema de Seguridad, hicimos ver -lo que ratificamos por escrito ante el alcalde Cristian Pozo- que en el aspecto Seguridad, como otros, tras analizar el término seguridad, al que arribamos los vecinos, “que eso implica capacidad de dar respuesta efectiva a riesgos, amenazas o vulnerabilidades y estar preparados para prevenirlos, contenerlos y enfrentarlos”, es que todos y cada uno de estos aspectos están al debe”.
Luego, el dirigente nos señaló: “Yo le entregaré copia del documento que enviamos al alcalde y donde expresamos en detalle no solo esos aspectos, sino, sobretodo enunciados los problemas, en las instancias que se producen (Carabineros, PDI y Fiscalía), como las sugerencias de solución; ante las denuncias de los vecinos y/o afectados.
Lo mismo, los problemas que se suscitan con la Fiscalía, como también con la falta de patrullajes, abandono de la zonas de playa y falta de seguridad vial; entregando posibles soluciones, en cada instancia”.

Espera
Consultamos el viernes 13 y no hubo respuesta del dirigente, sino hasta ayer miércoles 18. En efecto, tras insistir por novedades con el dirigente Barra, éste nos respondió lo siguiente: “Hola don Washington, le cuento que respuesta no tengo ninguna hasta el día de hoy.
Solo me dicen que lo vamos a publicar (las Bases de Licitación). Estamos en espera, pero en concreto no tengo absolutamente nada ...”.

Paralelamente, estuvimos en contacto con la abogada Isabel Riquelme, con el propósito de saber -si por ella- podíamos lograr novedades y/o avances en las gestiones municipales. Como se recordarán, ella actuó ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, mandatada por la JJ. VV. “¨Playa Hermosa”. Y quien deberá alegar próximamente, defendiendo el Bien Nacional de Uso Público, una área verde -como ya lo hemos dicho- actualmente vigente en el Plano Regulador Comunal. Y que el municipio “sin desafectarla”, permitió que el Departamento de Obras Municipales, DOM, otorgara Permiso de Construcción.
Cabe indicar al respecto que, ante la negación del Permiso de Construcción en un primer momento, el privado “afectado” recurrió a la Contraloría, la que acogió el reclamo y este organismo emitió un dictamen donde le ordenó a la IMP otorgara el Permiso de Construcción. Y, la IMP, obediente como pocas, no solo lo otorgó y -para salvarse de las eventuales réplicas- emitió su Declaración Pública -firmada por alcalde y concejales- en un acto que no deja de extrañar -por su cumplimiento- el que en otros casos, pasan meses y años y no cumplen los dictámenes del organismo contralor.

Pero bien, son hechos a los que no tienen acostumbrados las autoridades municipales en décadas y este caso no es la excepción.

Vamos, a lo que nos dijo la abogada Riquelme: ”Me he contactado con el abogado municipal que ve el tema y la verdad, no se ha avanzado mucho, pues igual que al Presidente de la JJ. VV. De Playa Hermosa, dicen que están listas las bases, que las van a publicar; pero no ocurre.
Ante este estado de cosas y a las crecientes consultas de los dueños de casas de veraneo que llegan al sector y ven una situación distinta a su último verano, como a las que vuestro medio me ha hecho en estos días, le envié un audio al alcalde Pozo, explicándole la gravedad que implica que pasen los días, semanas y meses y, este compromiso de hacer este Estudio Topográfico -que es para reforzar la defensa del terreno municipal- siga sin siquiera hacerse y, los plazos se están acortando, pues la Corte puede poner en tabla los alegatos en cualquier momento. Por otra parte, le hice ver que están atrasados en varios aspectos, cuyos detalles no se los puedo entregar, pues si se publican le estaría dando información a la parte contraria, que como es lógico está apurando para tener un levantamiento de las medidas que significó -por parte de la Junta de Vecinos- ganar el recurso de protección”.
Acto seguido, la profesional Isabel Riquelme ante otras consultas, nos envió más tarde documentación que prueba en forma irrefutable que a la Municipalidad de Pichilemu, a través de la Oficina de Asesoría Jurídica recibió importante documentación como ya lo señalamos en párrafos iniciales, para poner en alerta al alcalde de turno, quien tenía la obligación de defender los terrenos que estaban siendo discutidos por un privado que actúa como Eluney SpA.
Esto al margen de otras denuncias que dirigentes vecinales realizaron a través de “pichilemunews” donde no solo este terreno está siendo reclamado, sino miles de metros cuadrados en diferentes sectores de las poblaciones “Agustín Ross”, “María Luisa” y “El Bosque”.
Como se puede apreciar, el apetito es grande, lo que significa que la lucha es larga, donde no solo hay terrenos de particulares, sino de terrenos municipales -como el que trata este artículo- sino de terrenos fiscales en el borde costero.
Es por ello, que ante la inercia municipal -que viene de décadas- actuando a destiempo, a contra reloj, con una parsimonia abismante; ignorando que -en estos casos- quien esté de alcalde -de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades- tiene el deber y responsabilidad de proteger, de defender los bienes municipales como los bienes nacionales de uso público, en su rol de administrador para esos fines.
No hacerlo, implica entrar en “Notable abandono de deberes”, por los cuales los concejales -en su rol de fiscalizadores del accionar del alcalde- tienen esa herramienta ante instancias pertinentes, a menos que quieran de convertirse en cómplices.

Esta verdadera teleserie continuará …..

Fotografías: WSG/Archivos “Pichilemunews”/Junta de Vecinos “Playa Hermosa”/Abogada Isabel Riquelme


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