Fuente: www.pichilemunews.cl – 08.05.2026
– Son secuelas del tema Caso Terreno Guillermo Tell, que siendo un Bien Nacional de Uso Público, desde los años ’60, es discutido por privado que reinscribió a su favor, con el concurso del ex Notario, expulsado de sus funciones por una serie de irregularidades en la comuna pichilemina.
– ¿Qué tanto dinero son 24 millones de pesos?, o ¿20 millones de pesos? Todo parece que nada, pese a los problemas que viene desde el año pasado señalando el alcalde Roberto Córdova; pues, recientemente, el Concejo Municipal de Pichilemu aprobó una modificación presupuestaria para pagarle honorarios al abogado Marcelo Segura, quien hace un tiempo demandó al municipio por no pagos de honorarios.
– Dirigentes de tres instituciones del sector de Playa Hermosa emiten Comunicado, que replicamos textual.
Al dar explicaciones y justificaciones de la Modificación Presupuestaria, que el propio alcalde Córdova dijo que era por trabajos “no hechos”, ya que el abogado Segura debía presentar un Informe de los trabajos encomendados -cosa que no hizo- la autoridad municipal señaló -previo a la votación- que, si no se pagaban esos honorarios, se corría el riesgo de pagar más de ese monto por cobros de costas del juicio, y con esas palabras de convencimiento, el Concejo Municipal votó unánimemente la modificación presupuestaria.
Eso, en otras palabras, significa que otros proyectos, otras prioridades se verán afectados, ya que el municipio quedará sin 24 millones de pesos, que estaban destinados a otras cosas.
El único concejal que dijo algo al aprobar, fue Álvaro Álvarez, quien dijo que “con mucho dolor” lo hacía.
Volvamos a las preguntas iniciales. ¿Por qué hacemos esas preguntas?
Hay que retrotraerse al año 2006/2007. Durante la gestión del entonces alcalde Jorge Vargas González, el MOP indemnizó por -supuestamente haberles ocupado terrenos a vecinos- colindantes con la laguna Petrel, con varios millones de pesos. No obstante, a la Municipalidad de Pichilemu -con peritos tasadores propuestos por ESSBIO- se le indemnizó con poco más de 21 millones de pesos; lo que incluía el terreno municipal y las instalaciones de la Planta Elevadora (que aún existe en el lugar), con todo su equipamiento y un Grupo Electrógeno capaz de proporcionar energía eléctrica a una cantidad importante de viviendas. Es más, antes de aquello, un concejal del período 2000/2004 propuso destinarlo al Estadio Municipal, para ahorrarse los altos consumos de energía eléctrica en el uso de la iluminación de ese campo deportivo; pero ello no se consideró.
Todo lo expropiado: terreno y equipamiento de esa Planta Elevadora significó una cifra no menor con fondos de la Subdere, cuando en la gestión del alcalde Orlando Cornejo se aprobaron la construcción de una cantidad importante de Casetas Sanitarias y, como todo iba a parar al hoy Humedal Petrel, esa infraestructura sanitaria adicional era necesaria, también, se consultó la instalación de “aireadores” para tener en movimiento constante -en el papel- las aguas de la laguna y que no se descompusieran con las aguas servidas de las casetas sanitarias.
Todo ello se “tramitó” en la era del Subsecretario de Obras Públicas y del Superintendente de Servicios Sanitarios de la época, personajes de tristes recuerdos.
¿Y qué pasó con el cheque de 21 millones de pesos por la indemnización del MOP al municipio pichilemino?
En una fecha que no recuerdo exactamente, pero que fue alrededor de 2015, el actual alcalde Roberto Córdova me llamó por un tema relacionado con la inauguración del pavimento (de cerámica) en la Plaza “Arturo Prat” a lo cual me comprometí enviarle material fotográfico de archivo. Y, aprovechando la llamada, le consulte si sabía del destino de ese cheque. La respuesta: “que no sabía mayormente sobre el destino de ese cheque …”.
De Ripley, ¿verdad?
Posteriormente, y pensando que era insólito que una autoridad comunal no supiera qué pasó con el cheque de esa indemnización (que se tramitó cuando era concejal), me propuse investigar el destino. Resumiendo y para no cansar a los lectores -sobre todo a esos que tienen su agenda siempre copada y con poco tiempo- el cheque aún está sin cobrar.
Sí, cuesta creerlo, pero así es. ¿Qué pasó?
No está en las arcas municipales, no, no.
Está en la caja fuerte del Segundo Juzgado de Rancagua, tribunal donde se tramitó la causa de las “supuestas expropiaciones a los vecinos”. Y la expropiación del terreno Municipal en el sector de la laguna Petrel.
Ese cheque de poco más de 21 millones de pesos, en 2007, hoy debiera ser de poco más de 41 millones de pesos.
Este tema del cheque se lo dimos a conocer, con pelos y señales al exalcalde Pozo. Para ello se solicitó una audiencia -que se otorgó- y, aparte de darle a conocer una serie de temas en la conversación, se dieron todos los detalles sobre cómo rescatar; todo lo cual -horas después- a través de un mail, se proporcionó toda la información. Se fue del cargo de alcalde y de la nube donde estaba y NUNCA contestó.
Hoy, ¿alguna autoridad del Concejo Municipal preguntará qué pasa con ese cheque?, que legítimamente son recursos que pertenecen a Pichilemu.
Ante situaciones parecidas, es que entendemos la reacción de dirigentes vecinales y de quienes están preocupados cómo, en otras actividades, se gastan millones y millones de pesos, postergando proyectos de más estricta necesidad para la comunidad en general.
En efecto, como la que tras conocida la actuación de un abogado -Marcelo Segura- que demandó al municipio pichilemino y, el Tribunal obliga a éste, pagar dicha suma, pese a que “su trabajo” no lo hizo.
Y, ¿los abogados del equipo jurídico municipal la hicieron?
Comunicado
Acá, para quienes les interesa realmente lo que pasa en Pichilemu, entregamos el Comunicado completo. A los demás, les recomendamos no seguir leyendo para que no se estresen.
“COMUNICADO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS RESPECTO DEL CASO TERRENO GUILLERMO TELL/ELUNEY
1. Todo comienza el año 2022, hace ya 4 años, cuando la Municipalidad de Pichilemu le da a la Empresa Eluney SpA, representada por Daniel Parada Aliaga, permiso para construir un Complejo Deportivo sobre el Lote 1 ubicado en la calle Guillermo Tell al borde de la playa.
2. En agosto de ese año la Empresa Eluney cerca el terreno y los vecinos se dan cuenta de los efectos negativos para su calidad de vida de lo que se está construyendo, por lo que en octubre de 2023 presentan un Recurso de Protección en la Corte de Apelaciones de Rancagua.
3. La Corte acoge el recurso presentado, suspende el Permiso de Construcción otorgado por la Municipalidad, solicita un Informe a Bienes Nacionales y este Ministerio responde que el terreno ocupado por Eluney corresponde a un Bien Nacional de Uso Público.
4. Después de varios pasos en la Justicia y mucha presión de los vecinos a través de sus organizaciones, el 11 de abril de 2024 el tribunal acoge la demanda interpuesta por la Municipalidad, lo que da inicio el juicio de recuperación del terreno por parte de su legítimo dueño, o sea en beneficio de los vecinos de Pichilemu.
5. Desde entonces, vale decir ya transcurridos dos años, la Municipalidad ha sido incapaz de notificar a Daniel Parada para que concurra ante los tribunales.
6. En 2025 el alcalde Roberto Córdova decide cambiar al abogado externo que venía llevando el caso y lo reemplaza por el señor Mario Acuña, lo que hizo pensar a los vecinos que esto significaba un compromiso con agilizar los trámites que la Municipalidad aun no hacía, transcurridos 4 años desde el inicio del problema.
7. El abogado Acuña no agiliza los trámites que llevan años esperando, sino que solicita, en diciembre pasado, que le den más plazo aduciendo que en la Municipalidad hay demasiado trabajo.
8. Además, en marzo recién pasado el Tribunal de San Miguel devuelve el Exorto para hacer la notificación porque la Municipalidad no se hace presente para su tramitación.
9. Es muy difícil comprender lo que pasa. No existen justificaciones razonables para que la Municipalidad no haya después de dos años logrado que se notifique al dueño de la Empresa que le usurpa “su terreno” y por lo tanto de todos los vecinos.
10. El corolario de esta novela de terror es que el Tribunal obligó a la Municipalidad a pagar los honorarios del abogado que hacía este trabajo antes que el señor Acuña.
11. Nuestros vecinos ven con frustración la incompetencia del alcalde y su equipo, (¿los vecinos) deberán de nuevo salir a la calle a protestar para que hagan su trabajo?
Firman el presente Comunicado la Junta de Vecinos “Playa Hermosa, el Comité de Adelanto “La Ballena” y el Comité de Adelanto “Vista Hermosa”.
Pichilemu, 7 de mayo de 2026”.
Fotografías: Pantallazos Sesión Municipal 5 de mayo 2026/Archivos RR.SS.
