Fuente: www.pichilemunews.cl – Por: Karina Zapata Peña – 10.10.2026
Un juzgado de familia no huele a leche vencida, a uniforme escolar desgastado ni a medicamentos fiados en la farmacia de la esquina. Un expediente judicial es un entorno aséptico, digital y pulcro. En la pantalla del sistema del Poder Judicial, las causas avanzan o se congelan a través de resoluciones y notificaciones devueltas con la misma frase burocrática y helada: “Domicilio no hallado”. Fuera de esa pantalla, un niño sigue creciendo, comiendo y gastando zapatos todos los días. La realidad biológica no espera los tiempos procesales.
Durante meses —a veces años—, la justicia chilena busca a un hombre que simplemente no existe para el Servicio de Impuestos Internos ni para el sistema financiero. No tiene contrato de trabajo formal, no registra saldos en sus cuentas bancarias, no posee vehículos a su nombre. Pertenece a esa clase de ciudadanos que tienen una existencia física plenamente activa para salir de fiesta o subir fotos a redes sociales, pero que se evaporan instantáneamente en el segundo exacto en que un tribunal liquida una pensión de alimentos.
Las reformas normativas como la Ley 21.389 (Registro Nacional de Deudores) y la Ley 21.484 (Pago Efectivo) prometieron acorralar el incumplimiento y perseguir los patrimonios ocultos. Sin embargo, en la práctica colisionan contra una pared invisibilizada: la informalidad deliberada y la complicidad del entorno social o familiar.
Ante la lentitud del sistema, la madre —entre dos empleos, la crianza en solitario y la gestión del hogar— se ve forzada a mutar en investigadora privada sin placa ni recursos. Es ella quien debe rastrear fotos en Instagram, averiguar qué taller pagó en efectivo para burlar la retención de remuneraciones y probar que el supuesto "desempleado" viaja los fines de semana mientras su hijo depende de la ayuda de sus abuelos.
Pero la crueldad más profunda de este fraude no está en la libreta de ahorro en cero. Está en la pantalla de un teléfono celular.
El alimentante ilocalizable reaparece una vez cada cuatro o cinco meses. Una llamada de tres minutos a deshora. Un tono ensayado, victimizado y perverso: “Hola, mi amor, no te he podido ver porque las cosas están muy difíciles”, “Si tu mamá no fuera tan dura conmigo, yo iría a buscarte”, “Tú ya no me llamas, parece que te olvidaste de tu papá”.
En 180 segundos, el adulto que eludió deliberadamente sus responsabilidades materiales traslada el peso de su negligencia al pecho de un niño. El hijo cuelga la llamada y no exige el derecho que le corresponde; siente la culpa aplastante de no amar lo suficiente a un fantasma.
La legislación actual contempla sanciones para la violencia económica, pero aún existen vacíos procesales para detener esa manipulación psicológica silenciosa. El tribunal exige un domicilio válido para notificar; el hijo sólo necesita que dejen de usar su corazón como rehén.
Este escenario exige una reflexión profunda como sociedad. No basta con celebrar la promulgación de nuevas normas si los mecanismos de ejecución se quedan cortos frente a la evasión sistemática. Es necesario informarse, visibilizar estas fallas operativas e instar a que las instituciones públicas perfeccionen los cruces de datos para detectar el trabajo informal y el ocultamiento de bienes. La ciudadanía debe comprender que la evasión de alimentos no es un problema privado entre dos adultos, sino una vulneración directa a los derechos de la infancia.
La paternidad no es una suscripción que se activa cuando conviene, ni un favor, ni una llamada de cortesía para limpiar la conciencia. Es una responsabilidad diaria que no se suspende por cobardía ni se financia con promesas vacías.
Mientras el Estado no logre rastrear con eficacia a quién se oculta en la sombra de la informalidad, la factura de la irresponsabilidad parental la seguirán pagando los niños con su salud emocional y las madres con la vida.
Toma nota: Según reportes del Registro Civil e Identificación y del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos supera los 238.000 inscritos activos a nivel nacional, de los cuales cerca del 96% corresponde a hombres. Sin embargo, los especialistas concuerdan en que esta cifra solo representa la punta del iceberg: miles de causas permanecen paralizadas en los Tribunales de Familia debido a notificaciones frustradas por "domicilio no hallado" o por deudores que operan al margen del sistema formal para evitar el embargo de sus ingresos.
(*): Estudiante Administración en CFT Pichilemu, emprendedora, cuidadora y part-time de lo que aparezca, multimasking por necesidad y TDAH funcionando como navegador con 20 pestañas abiertas.
Imágenes: Gentileza KZP.
