Fuente: www.pichilemunews.cl – Por: Juan Ávila Peña (*) – 24.09.2026
- En efecto, la Corte Suprema está a días de fallar a favor de “ejemplar contribuyente” quien -por otra causa judicial con el municipio pichilemino- “no ha sido habido” desde hace casi dos años.
- Los “hábiles” agentes de la justicia no han sido capaces de dar con el paradero del ciudadano, hasta ahora, Daniel Parada Aliaga, que reinscribió terrenos en la capital del surf, con la ayuda de un notario y Conservador el área verde, felizmente destituido por su negro actuar.
- Preciso es señalar, que el mismo ejemplar ciudadano -en otro intento de usurpación de un área verde, inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Santa Cruz, en el año 1960- y reinscrita por Parada Aliaga; gracias a dirigentes vecinales que presionaron al municipio para instaurar acciones judiciales, se pararon construcciones que el alcalde y concejales de la administración pasada, habían aprobado. No obstante, a que dirigentes vecinales habían advertido de los intentos de usurpación de una área verde (próxima al cabezal sur del aeródromo pichilemino); pero ignorada por la autoridad de ese tiempo.
Hoy, sin embargo -continuando con nuestros anteriores artículos del 21 de octubre de 2022 y 27 de noviembre de 2024 de denuncias sobre este personaje y otros personajes, nos corresponde informar a la comunidad de Pichilemu la situación en que se encuentra la disputa entre el Consejo de Defensa del Estado en contra del privado que se atribuye ser dueño de terrenos que fueron inscritos a nombre del Fisco por el Ministerio de Bienes Nacionales, como le fuera ordenado al Conservador de Bienes Raíces de Pichilemu el 29 de septiembre del año 2011. Este proceso de inscripción se había iniciado el año 2007, sólo hace 19 años.
Se trata de dos sitios que suman aproximadamente 4.205,42 m2 cuadrados que como se dijo, están inscritos como bien fiscal, luego de haberse llevado a cabo un proceso de inscripción iniciado a solicitud de vecinos del sector durante el año 2007, ante el evidente interés de privados en usurparlos, hubo varios intentos, los que fueron rechazados por la Comunidad. Han pasado 19 años y seguimos con la incertidumbre.
Daniel Parada Aliaga recurrió al Juzgado de Pichilemu para reivindicar ese terreno como parte de los “restos o partes no transferidos” de la herencia de Ana Bianchi, con resultado negativo según fallo del 25 de julio de 2018. Esto fue ratificado con sendos fallos de la Corte de Apelaciones de Rancagua y posteriormente de la Corte Suprema.
Luego de ello, nuevamente recurrió a tribunales demandando nulidad de derecho público, ocasión en que sí le resultó según fallos del Segundo Juzgado de Rancagua y ratificado por la Corte de Apelaciones de Rancagua.
Este fallo es una bofetada a las aspiraciones de la Comunidad, que no logra entender los artilugios jurídicos a los que se ha recurrido para lograr una sentencia favorable al privado pues en ningún momento de los alegatos se ha considerado la voluntad expresada por el loteador.
En efecto, en la minuta de entrega de todas las calles, plazas, parques que hizo José Bianchi el año 1960 a la Municipalidad de Pichilemu, inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Santa Cruz, fojas 593 y 593v del mismo año, al detallar los límites de la Avenida Costanera por el Poniente, establece un espacio de 182 metros como límite con el mar, que es el terreno en conflicto, frente a calle Los Aromos.
También en la misma Avenida Costanera, entre las calles Constanza y Berna dejó establecido un espacio de 127 metros como límite Poniente con el mar para el uso y goce de la Comunidad. Lamentablemente, se perdió por negligencia del alcalde de la época (¿quién será).
En ambos casos no existía rol de propiedad otorgado por el Servicio de Impuestos Internos, que sí enroló los casi 1.000 sitios resultante de la subdivisión que le fue autorizada el año 1954.
El Consejo de Defensa del Estado presentó ante la Corte Suprema recurso de casación en la forma y en el fondo en contra de la sentencia definitiva dictada por la Segunda Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua el 30 de marzo de 2026, que había favorecido al privado. Se solicita al máximo Tribunal lo declare admisible y ordene darle tramitación; lo acoja, y consecuentemente, sea casada, anule la sentencia impugnada y dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, que revoque la de primera instancia rechazando la acción de nulidad de derecho público deducida, con costas. La última información extraída de la causa indica al 19 de mayo de 2026 “TÉNGASE PRESENTE COMPARECENCIA”.
Lo más preocupante de este asunto es que de prosperar esta acción judicial, tendríamos que lamentar la eventual pérdida de una superficie aproximada de 37.253 m2, SI, equivalente a 3,7253 Hectáreas, bajo el concepto de “restos o partes no transferidos” de la herencia de Ana Bianchi. 80% de estos terrenos corresponden a playas. De seguir así, hasta las rocas de Lalo están en riesgo.
En un próximo artículo ampliaremos esta información, a fin de detallar cada uno de los terrenos que el privado pretende inscribir a su nombre.
A todo esto, la pregunta es válida: ¿se habrá movido algún dedo por parte de la Municipalidad para proteger estos Bienes Nacionales de Uso Público?
Todo indica que -al parecer NO- mientras el señor Daniel Parada Aliaga está a punto de ser “favorecido por la Corte Suprema”, este mismo contribuyente -por otro juicio: Caso Guillermo Tell, donde reinscribió un terreno inscrito por el Municipio en el año 1960 en el Conservador de Bienes Raíces de Santa Cruz- desde hace dos años a la fecha por lo menos NO HA SIDO HABIDO por “la Justicia” PARA NOTIFICARLO por ese caso.
¿Qué les parece estimados ciber lectores?
Al parecer, la justicia -aparte de ciega- es tuerta y pronta a beneficiar a quienes con artilugios amañan documentos y, en algunos casos, con la complicidad de Notarios y Conservadores que están prestos a participar de estas jugadas que, por décadas se han realizado en la comuna autónoma de Pichilemu.
(*): Columnista y Dirigente Social.
Fotografía: Internet/Archivo WSG.
