Fuente: www.pichilemunews.cl – Por: Karina Zapata Peña (*) – 31.10.2026
Hay preguntas que no admiten matices. ¿Debe el Estado acortarle la condena a quien violó o abusó de un niño? Sí o no.
Entre marzo y septiembre, el Ministerio de Justicia firmó 56 decretos de rebaja de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores: 27 por abuso sexual y 29 por violación. Según BioBioChile, 33 de ellos ya están en libertad. Los decretos los firmó el ministro Fernando Rabat y en varios aparece también la firma del subsecretario Luis Silva.
Silva es numerario del Opus Dei, lo declaró él mismo en 2023, y nadie debería reprochárselo: la fe es suya. Lo que sí podemos examinar es la distancia entre el discurso y la firma. Quien llega al poder hablando de valores, de familia y de proteger a la infancia pone su nombre en decretos que acortan la condena de violadores de niños.
La explicación llegó en cadena. Silva dijo que firmó “aplicando el criterio fijado por el propio ministro”. Rabat habló de un problema de interpretación legal y recordó que también hubo rebajas bajo el gobierno anterior. El Presidente Kast reconoció que “el Estado les falló”, suspendió las tramitaciones y mantuvo a su ministro.
“Yo no fui.” “Me tocó hacerlo.” “Es culpa de Boric.” Ese libreto me aburre. Gobernar no consiste en administrar culpas ajenas: el mandato ciudadano se pide para hacerse cargo. Y hay un dato que el libreto no explica: según Cadem, 79% de los chilenos cree que el ministro no estaba obligado a firmar. Si no era obligatorio, firmar fue una decisión.
Hay más. El Mostrador y CNN Chile revelaron que Silva respaldó rebajas para exagentes de la CNI condenados por delitos de lesa humanidad, incluso tras rechazos de la Corte Suprema. Y hoy la Fiscalía abrió una investigación contra Rabat y Silva por presunta prevaricación administrativa, a partir de una denuncia de diputados. Presunta, porque les corresponde defenderse y la justicia dirá. Pero la investigación existe, y también las víctimas.
No tengo cargo ni partido. Soy una madre soltera que intenta enseñarles a sus hijas tres palabras: consideración, responsabilidad y respeto. La consideración se mide primero en las víctimas, no en los trámites del condenado. La responsabilidad empieza por quien firma. Y el respeto no es silencio frente a lo que está mal.
Se nos dice que en otros países hay castración química y pena de muerte. No es esa la conversación que quiero. No pido más crueldad, pido que la palabra “condena” signifique algo. Un niño o una niña tuvo que revivir lo peor para que un tribunal dictara una pena, y una firma administrativa no puede recortarla con una explicación de última hora.
Educamos más con lo que hacen los adultos con poder que con lo que predican. Si ven que los valores se invocan en el discurso y se archivan en el decreto, aprenden que la moral es un traje de domingo.
¿Consideración con quién? Con las víctimas, que cargan el daño toda la vida. Con los niños, que merecen un Estado que los proteja. Con las familias que esperan justicia. Si la consideración empieza por el condenado y termina en la víctima, algo se invirtió.
Esta vez sí miramos. Quien viola a un niño está del lado equivocado. Es sí o no.
(*): Columnista, madre y emprendedora local.
Imágenes: KZP.
