Fuente: www.cooperativa.cl – 15.09.2021
Las cinco víctimas fueron detenidas con drogas en la Avanzada Aduanera del Río Loa, en la Región de Tarapacá.
La sentenciada las golpeó, las desnudó, les realizó tocaciones y “otras acciones vejatorias”, según se estableció en el juicio.
El Tribunal Oral en lo Penal de Iquique condenó a una funcionaria del Servicio Nacional de Aduanas a 12 años de presidio efectivo.
La sentenciada, de iniciales J.S.R., fue declarada autora de tres delitos de tortura y dos de apremios ilegítimos cometidos contra cinco mujeres extranjeras que fueron detenidas con drogas en la Avanzada Aduanera del Río Loa, en la Región de Tarapacá. Al cabo del juicio, el tribunal dio por acreditado que, en junio de 2019, J.S.R., siendo funcionaria de Aduanas y en el marco de fiscalizaciones realizadas a buses que pasaban por el Complejo del Río Loa, “revisó a tres mujeres, llevándolas hasta un cuarto privado donde les realizó acciones que les causaron graves sufrimientos a las víctimas, provocándoles lesiones físicas y vulnerando su intimidad, sometiéndolas a desnudamientos, tocaciones en sus cuerpos y otras acciones vejatorias”, detalló la Fiscalía en su sitio web.
Dos meses después, la condenada realizó acciones similares, pero de menor intensidad, respecto de otras dos víctimas que habían sido seleccionadas para revisión en la misma avanzada aduanera, a quienes golpeó instándolas a que confesaran que portaban ovoides con droga.
El juicio se extendió por siete días, con el fiscal Juan Zepeda a cargo de la presentación de las pruebas, entre ellas los testimonios de las víctimas y de los funcionarios de la Policía de Investigaciones que realizaron las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.
También se presentaron declaraciones de los peritos del Servicio Médico Legal que aplicaron a las víctimas el Protocolo de Estambul (guía que contiene las líneas básicas, con estándares internacionales en derechos humanos, para la valoración médica y psicológica de una persona que se presuma o haya sido víctima de tortura o algún mal trato). El Instituto Nacional de Derechos Humanos también se hizo parte de este caso, a través de la abogada Victoria Márquez.
Fotografía referencial: Archivo
